La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) y Petróleos Mexicano (Pemex) accedieron ayer a buscar un convenio reparatorio y otorgar el criterio de oportunidad a Emilio Lozoya Austin. De concretarse, dicho acuerdo llevaría a retirar los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que pesan sobre el ex director de Pemex, su madre, su hermana y su esposa, en relación con las acusaciones que se le formularon por los sobornos recibidos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. La defensa de Lozoya ha insistido en la firma del trato durante meses, y para alcanzarlo ofrecen 10 millones 736 mil dólares, monto que cubre el daño estimado por Pemex y la UIF.
De manera paralela, los representantes del litigante Juan Collado Mocelo negocian con el gobierno federal otro convenio reparatorio en el que proponen la entrega de 100 millones de dólares depositados en la Banca Privada de Andorra (BPA) a cambio de que el ex abogado de personajes como Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps continúe en libertad los procesos penales por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal y delincuencia organizada. De acuerdo con las investigaciones en curso, esos fondos provienen de transferencias ilícitas que se disfrazaron de operaciones soportadas con los ingresos de casas de empeño y ganancias de Caja Libertad (hoy Libertad Servicios Financieros), de la cual Collado fue presidente. La revelación de documentos clasificados de la justicia andorrana puso al descubierto que, según el propio Collado, su fortuna asciende al menos a 224 millones de dólares (alrededor de 4 mil millones de pesos al cambio actual), pero podría ser todavía mayor debido a su práctica sistemática de ocultar dinero en paraísos fiscales, así como emplear ingeniería fiscal y financiera para burlar a los auditores.
La oferta del otrora poderoso abogado es un flagrante intento por anular la justicia y convertirla en una mera operación financiera que además se llevaría a cabo con capitales cuya procedencia es ilícita, de acuerdo con los indicios disponibles. La fiscalía debe rechazar este ejercicio de impunidad en el que se plantea con cinismo la puesta en libertad de un individuo con extensas conexiones políticas e influencia en todos los niveles del Poder Judicial (como señalan los sucesivos amparos que se le han concedido) a cambio de un pago en efectivo. Negarse a estos tratos vergonzosos no significa renunciar a la restitución del dinero mal habido, sino exigirla con total independencia del proceso penal, en el entendido de que ningún monto puede borrar la responsabilidad en actos ilícitos. El mismo principio se aplica a Lozoya Austin, cuya liberación es considerada inminente por su defensa.
Los casos de estos prominentes personajes de la clase político-empresarial del pasado reciente se complica por la presencia de un tercero, el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el abogado de Lozoya señala como verdadero responsable de los delitos que se le imputan a su cliente. Es cuando menos llamativo que Collado haga su millonaria oferta cuando en España estalla un nuevo escándalo que lo involucra con el ex mandatario por el uso de sus aeronaves privadas y el pago del tratamiento médico de una de sus hijas.
La firma de estos acuerdos sería deplorable por doble vía: por una parte, enviaría a la sociedad mexicana el mensaje de que la justicia opera de distintas maneras para los ciudadanos de a pie y para los más adinerados y de que con el suficiente capital es posible comprar la libertad. Por otro lado, sentaría un nefasto precedente de impunidad para los poderosos, quienes verían en el convenio una patente de corso para burlar la ley.
