GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI
En Acapulco difícilmente puede decirse que “tras la tempestad viene la calma”. El huracán Otis dejó a una ciudad de casi 900 mil personas en una situación inmediata desesperada. Con viviendas y edificios destruidos, sin electricidad, agua y abasto de alimentos. Con rapiña a tiendas, negocios y hogares. En un lugar de por sí asolado por la delincuencia. Pero hacia delante, la viabilidad misma de este entrañable puerto, sin el que no puede entenderse lo que hoy es la industria turística en México, está amenazada.
Viene la reconstrucción de una urbe donde la economía y el empleo dependen esencialmente del turismo, que no podrá restablecerse pronto. Empresarios han hablado de un proceso de dos años. El Gobierno Federal ha señalado que en diciembre se verá la rehabilitación. Ojalá se pudiera, pero las dimensiones de los daños exigen una movilización masiva de recursos y esfuerzos, no sólo gubernamentales, algo que por ahora no se ve.
Desde el Gobierno de México ha salido más bien una retórica divisiva que para convocar a la unión solidaria de la nación. Incluso inhibiendo la ayuda que hacen organizaciones privadas y ciudadanas durante el momento crítico tras el impacto.
El Ejecutivo Federal ha dicho que “no hay límites” presupuestales. Fácil decirlo, pero modelos de riesgos y daños cifran la reconstrucción y pérdidas en entre 15 mil y 20 mil millones de dólares (mmdd), en tanto que, según los saldos de deuda y necesidades de financiamiento, el déficit público en 2024 llegará a 5.4% del PIB, el mayor en casi 40 años.
Obviamente, los recursos del Estado son una parte, a complementarse con seguros y recursos con que cuenten empresas y familias, más lo que puedan invertir y aportar el sector privado y la sociedad. Pero la cuesta exige dejar de lado la polarización política y convocar a la nación a una verdadera cruzada de rescate, un gran Plan Acapulco.
Al reto se añade la confusión sobre el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que este gobierno extinguió como fideicomiso en 2020. Desde 2021 es un programa de transferencia directa de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su bolsa rápidamente comenzó a vaciarse.
Hacienda afirma que la cobertura no fue tocada y asciende a 18 mil millones de pesos (mmdp). A eso sumaría una línea presupuestal de 10 mmdp, más 5 mmdp de seguros catastróficos paramétricos. Pero todo eso sumaría 33 mmdp, cuando el Gobierno anunció 61.3 mmdp, unos 3.4 mmdd, para su plan de emergencia. Se ha hablado del acceso a un bono de catástrofes de la Alianza del Pacífico, compartido con Chile, Colombia y Perú, de 485 mdd. Usándolo en su totalidad, el agregado no llegaría a 42 mmdp.
¿De dónde vendrá el resto? ¿De otros fideicomisos, como los del Poder Judicial? ¿O rebajar más los presupuestos de organismos autónomos y rubros esenciales para la población, como se hizo durante la pandemia?
Según el reasegurador global Gallagher Re, Otis probablemente generó más de 10 mmdd en daños y podría convertirse en uno de los mayores eventos de pérdidas de la industria aseguradora en la historia de México. El modelador de riesgo de catástrofe Core Logic ha estimado que sólo las pérdidas asegurables rondarán entre 10 y 15 mmdd. Y eso sólo por daños causados por el viento a edificios y sus contenidos. Excluye los de inundaciones, la interrupción de negocios y costos adicionales asociados a manutención, la propiedad gubernamental, infraestructura. Sólo una fracción de las empresas y las familias cuentan con seguros. Coparmex ha estimado que la recuperación requerirá hasta 300 mmdp.
El plan de emergencia del Gobierno ayudará. Sobre todo si se ejerce con eficiencia, oportunidad y transparencia. Además de recursos para las necesidades más inmediatas, incluye 10.2 mmdp para reacondicionar líneas de agua y drenaje, calles, alumbrado, hospitales, escuelas y los dos aeropuertos de la zona, así como la autopista Acapulco-Chilpancingo, carreteras y libramientos. Se contemplan créditos de Nacional Financiera sin intereses a Pymes y que la SHCP pague 50% de los intereses de créditos que la banca otorgue a 377 hoteles.
Además, seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Fovissste e IMSS, exención en el pago del servicio eléctrico y en impuestos. En el plan de incentivos de Hacienda, destaca la deducción inmediata y al 100% de compras de activo fijo por tres meses. Va al centro de lo que se requiere: acelerar la reconstrucción. El problema es que, nuevamente, todo eso no basta.
Se necesitan mucho más recursos y por mucho más tiempo. No sólo para lo que tarde la reconstrucción física. El gran desafío es cómo asegurar que Acapulco salga adelante, y como un destino turístico y ciudad viable y sostenible, ambiental, económica y socialmente. Capaz de sostener a una población de un millón de personas que requieren trabajo, seguridad, condiciones de vida dignas y un mínimo de certidumbre para el futuro.
Ante el tamaño del reto en dinero, creatividad y esfuerzos, se necesita sumar a la nación, no restar. Una convocatoria nacional por Acapulco en la que confluyan los tres niveles de gobierno, con las empresas y la sociedad.
Esta es una oportunidad para la unión: para hacer que esta ciudad que amamos no sólo se recupere, sino que salga fortalecida. Que deje atrás los problemas de inseguridad y caos ambiental y urbano que ya habían deprimido fuertemente al turismo y la calidad de vida. Los mexicanos hemos logrado hazañas de ese calibre antes. Hoy toca sacar lo mejor de nosotros mismos, unidos, para volver a hacerlo.
