En los últimos meses de gobierno de Martí Batres y los dos primeros meses de Clara Brugada en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) atendió a más de seis mil personas víctimas de violaciones a derechos humanos.
Según el informe anual de actividades del organismo dirigido por Nashieli Ramírez Hernández, de ese total, al menos 128 fueron incluidas en las 15 Recomendaciones emitidas por el organismo local. Sin embargo, dos no fueron aceptadas: la Recomendación sobre el derecho a la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, con el Instituto de Vivienda (Invi) como responsable; y la Recomendación sobre la detención arbitraria y tortura sexual en agravio de mujeres jóvenes, con la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como responsables.
La CDHCM señaló que el 98% de las víctimas fueron atendidas a través de mecanismos de mediación, conciliación y solución de problemáticas específicas, mientras que solo el 2% fueron atendidas a través de Recomendaciones. Los temas más mencionados en las quejas fueron violaciones a los derechos humanos en seguridad jurídica, integridad personal y derecho a la salud. Las autoridades más señaladas fueron la FGJ local, la SSC y la Secretaría de Salud (Sedesa).
