Un juez federal en Estados Unidos dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Donald Trump, fue ilegal y violó una ley federal que prohíbe el uso de fuerzas armadas en funciones policiales dentro del país. El fallo, emitido por el magistrado Charles Breyer del Distrito Norte de California en San Francisco, favorece al estado de California, el cual había impugnado la medida presidencial.
El juez Breyer señaló que Trump incurrió en una violación directa de la Ley Posse Comitatus, una norma que impide el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para hacer cumplir la ley en el territorio nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por el Congreso. En su resolución, el magistrado destacó que “los demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados —frecuentemente sin identificación visible— y vehículos militares para establecer perímetros, bloquear calles, controlar multitudes y mostrar fuerza militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, se violó la Ley Posse Comitatus”.
La medida fue ejecutada en junio por orden de Trump, en un contexto de protestas masivas contra las redadas migratorias en California. La decisión federal desató una fuerte oposición por parte del gobernador del estado, Gavin Newsom, y del fiscal general, Rob Bonta, quienes demandaron a la administración federal y exigieron anular la acción presidencial de “federalizar ilegalmente” a la Guardia Nacional de California.
Además de declarar inconstitucional el despliegue, el juez prohibió a la Casa Blanca ordenar, instruir, entrenar o utilizar a tropas militares o de la Guardia Nacional para realizar funciones policiales, incluyendo arrestos, patrullajes, detenciones, control de disturbios, incautaciones, recolección de pruebas o interrogatorios, mientras no se cumplan los requisitos legales o constitucionales que justifiquen su actuación.
La Casa Blanca y el estado de California han sostenido una relación conflictiva durante el mandato de Trump, especialmente por decisiones unilaterales como esta. El expresidente también desplegó más de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., y ha amenazado con extender estas acciones a ciudades como Chicago, a la que calificó como “la más peligrosa del mundo”.
Esta resolución judicial marca un importante precedente sobre los límites del poder presidencial en el uso de fuerzas armadas dentro del país y refuerza el papel de los estados en la defensa de su soberanía frente a decisiones del Ejecutivo federal.
