El Senado de la República otorgó su respaldo unánime —106 votos a favor— a la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que faculta al Congreso para expedir una Ley General contra la extorsión. Con esta reforma, el delito de extorsión será equiparable a otros considerados de alto impacto, como secuestro o desaparición forzada, estableciendo criterios comunes para sanciones, agravantes y atención a víctimas.
El dictamen fija un plazo máximo de 180 días para que el Congreso genere la nueva legislación, mientras que las normas vigentes tanto federales como estatales continuarán operando hasta que sea aprobada esta Ley General.
Durante su exposición en tribuna, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena), quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, enfatizó que la extorsión se ha expandido con modalidades adaptadas a la tecnología y que la disparidad en las leyes estatales ha contribuido a su crecimiento. “Hoy el Senado envía un mensaje claro: la extorsión ya no tendrá refugio”, aseguró.
Sin embargo, la oposición no dejó pasar la oportunidad para cuestionar al oficialismo. El PRI, aunque respaldó la reforma, criticó la falta de acciones concretas y exigió que la futura Ley General venga acompañada de recursos, protocolos eficaces y mecanismos de protección para las víctimas. La senadora Karla Toledo pidió sanción para autoridades que omitan actuar. Mientras tanto, la senadora Verónica Rodríguez (PAN) advirtió que, solo en el primer semestre de 2025, se registraron más de 5,800 víctimas de extorsión, la cifra más alta de la última década, con un aumento del 83% respecto al mismo periodo.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que la extorsión “erosiona la economía local” y llamó a centrar la legislación en las víctimas, garantizando canales de denuncia seguros y fortaleciendo las capacidades de reacción institucional.
Tras esta aprobación, la decisión recae ahora en los legisladores responsables de legislar para convertir la iniciativa en una Ley General operativa, con el reto de traducir el consenso político en acciones reales para combatir la extorsión y restaurar la confianza ciudadana.
