El Hospital General de México Eduardo Liceaga enfrenta nuevos señalamientos por manejo irregular de recursos públicos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el hospital pagó más de seis millones de pesos.
Estos recursos cubrieron servicios de arrendamiento y mantenimiento no previstos en el programa institucional.
Además, la auditoría no encontró evidencia técnica que respalde fallas, reparaciones o servicios realizados.
Las observaciones corresponden a contratos firmados durante dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro.
Este escenario confirma irregularidades en el Hospital General con efectos financieros y operativos.
Asimismo, trabajadores del hospital elaboraron una carta dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich.
El documento reúne más de quinientas firmas del personal médico y administrativo.
En la misiva, los inconformes exigen la destitución de la directora, Alma Rosa Sánchez Conejo.
También presentarán pruebas recabadas sobre anomalías administrativas persistentes.
Según el personal, estas fallas afectan directamente la atención médica especializada.
Por ello, la inconformidad interna continúa creciendo.
Por otra parte, médicos denunciaron cancelaciones de estudios de laboratorio esenciales.
Estos análisis permiten diagnosticar y tratar enfermedades graves como leucemia y hemofilia.
Los trabajadores señalan que dichos estudios se ofrecían durante años sin costo para pacientes.
Sin embargo, la dirección argumenta que no existen recursos suficientes para sostenerlos.
El personal recuerda el compromiso federal con la gratuidad en salud.
Esta contradicción agrava la percepción de mala gestión.
No obstante, el hospital ejerció uno de los presupuestos más altos del sector salud.
Durante dos mil veinticinco, dispuso de alrededor de cinco mil millones de pesos.
Aun así, el personal reportó retrasos en pagos de prestaciones laborales.
Además, trabajadores de limpieza acumularon varias quincenas sin recibir salario.
Aunque una empresa externa tiene responsabilidad directa, el hospital mantiene corresponsabilidad.
Esta situación provocó protestas y manifestaciones recientes.
Mientras tanto, la directora asumió el cargo en febrero de dos mil veinticuatro.
Desde entonces, trabajadores describen una relación tensa y decisiones unilaterales.
Incluso, la dirección destituyó a catorce jefes de servicio sin mejoras visibles.
El secretario de Salud conoce las anomalías administrativas detectadas.
Sin embargo, considera compleja la destitución de la funcionaria.
Otros funcionarios reconocen fundamentos suficientes para removerla.
Finalmente, la ASF revisó contratos con dos particulares y una empresa privada.
Un proveedor firmó convenios modificatorios sin vigencia ni monto definido.
Asimismo, otros contratos cubrieron mantenimiento de unidades dentales no localizadas.
La auditoría detectó vínculo matrimonial entre dos proveedores contratados.
Además, un equipo láser de oftalmología carecía de respaldo documental.
Estos hechos confirman irregularidades en el Hospital General y riesgos institucionales.
