El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra responsables de la represión en Irán. La medida busca castigar a funcionarios que participaron en actos violentos contra manifestantes antigubernamentales y a redes financieras clandestinas que permiten el blanqueo de recursos del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos respalda al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia.

Entre los sancionados se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, señalado por incitar a la violencia durante las protestas. Además, miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria atacaron a manifestantes heridos en hospitales, usando gases lacrimógenos y perdigones metálicos, agrediendo a pacientes, familiares y personal médico. Estas acciones han causado miles de muertes y lesiones entre ciudadanos iraníes.
El Departamento del Tesoro también sancionó a 18 personas y entidades vinculadas a la banca paralela de Bank Melli y Shahr Bank. Estas redes habrían blanqueado ingresos del petróleo y productos petroquímicos, que en lugar de beneficiar al pueblo, financian la represión y el apoyo a grupos terroristas en el extranjero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) coordina estas sanciones, que buscan negar al régimen acceso al sistema bancario global.
El gobierno estadounidense asegura que continuará usando todas las herramientas disponibles para sancionar a los responsables y frenar la opresión de derechos humanos. Las sanciones representan un mensaje claro del compromiso de EU con la protección de la población iraní y su derecho a protestar pacíficamente. Según Bessent, estas medidas también afectan directamente las estructuras financieras que sostienen la represión, debilitando al régimen y apoyando a la sociedad civil iraní.
Estas sanciones forman parte de la estrategia de Estados Unidos para aislar a funcionarios responsables y limitar los recursos económicos del régimen iraní, con el objetivo de promover justicia y respeto a los derechos humanos en el país.

