La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la condena de 697 años de prisión contra César Félix Romero Esparza. Fue declarado culpable por los delitos de trata de personas y homicidio agravado de once mujeres en el caso las muertas de Juárez. El fallo cierra una etapa judicial de uno de los episodios más dolorosos de la violencia contra mujeres en Chihuahua.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte desechó la revisión de un amparo promovido por Romero Esparza. El recurso fue considerado improcedente, ya que no presentaba un interés excepcional. Dicho requisito es indispensable para que el máximo tribunal del país pueda analizar un caso en su fase final. Así, se mantiene la sentencia dictada en 2015 por un tribunal federal.
El proyecto fue presentado por la ministra María Estela Ríos González. En su exposición, recordó que el sentenciado actuó en coautoría con otros implicados. Reclutaron, trasladaron y explotaron sexualmente a once mujeres, quienes después fueron asesinadas. Los restos de las víctimas fueron localizados en el Valle de Juárez, en una zona conocida por la crueldad de los crímenes.
El caso las muertas de Juárez marcó un precedente en la lucha por la justicia de las víctimas de feminicidio. Sin embargo, persisten los reclamos de familiares que exigen la identificación completa de todos los responsables. La Corte determinó que el tribunal colegiado aplicó correctamente la doctrina constitucional en materia de derechos humanos y amparo.
Romero Esparza argumentó que se vulneraron sus derechos a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia. No obstante, en febrero pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito declaró infundadas sus quejas. La decisión de la Suprema Corte reafirma la validez de ese fallo y confirma la condena contra el responsable.
El tribunal federal de Chihuahua había sentenciado a Romero Esparza a 697 años y seis meses de prisión. Su participación en los crímenes fue probada con testimonios, evidencias forenses y material recabado durante las investigaciones. Con la resolución de la SCJN, el caso queda cerrado en la vía judicial y reafirma el compromiso del Poder Judicial con las víctimas de feminicidio en México.
