Contar con leyes ‘de avanzada’ contra el cambio climático no sirve de nada si estas se convierten en objetos decorativos que nadie usa para cambiar la realidad
El 13 de noviembre del año 2012, el Poder Legislativo de Coahuila aprobó la “Ley para la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático en el Estado de Coahuila de Zaragoza”. Dicha norma planteaba como su objetivo, entre otras cosas, “el establecimiento de políticas públicas estatales con criterios transversales en materia de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático”.
Entre los mecanismos institucionales señalados para cumplir sus objetivos la Ley señalaba el establecimiento de una “Comisión Intersecretarial para el cambio climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, así como la creación de un “Plan Estatal contra el Cambio Climático” y un “Fondo Ambiental para el Cambio Climático”.
El pasado 15 de noviembre, es decir, once años después, la actual Legislatura local aprobó una nueva norma: la “Ley de Cambio Climático para el Estado de Coahuila de Zaragoza”, ordenamiento que viene a sustituir al primero y establece entre sus objetivos generales, “el establecimiento de políticas públicas estatales con criterios transversales en materia de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático”.
La nueva Ley, publicada hace unos días en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, también contempla la creación de una “Comisión Intersecretarial” y de un “Programa Estatal de Cambio Climático”, aunque ya no considera el establecimiento del “Fondo Ambiental”.
Un aspecto adicional en el cual coinciden ambas leyes es el establecimiento de un “registro estatal” a través del cual deben censarse las fuentes de emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Con variaciones en el nombre, el Registro aparece en los dos instrumentos jurídicos.
La enumeración de los datos anteriores resulta relevante para evidenciar cómo la creación normativa, por sí sola, no transforma la realidad pues para ello es indispensable que los objetivos plasmados en las leyes se lleve a la práctica y eso implica destinar recursos a tal propósito.
La meta no es caprichosa: se trata de frenar el calentamiento global cuyos efectos nocivos están impactando el planeta entero. Se trata, además, de un objetivo urgente pues de no lograrse, la sostenibilidad de la vida como la conocemos estará en riesgo.
Aprobar leyes que fijen las obligaciones colectivas en torno a este objetivo es uno de los pasos para avanzar en la dirección correcta. Pero si, como ocurrió con la legislación aprobada en Coahuila hace 11 años, lo legislado se convierte en letra muerta, lo mismo daría que no se hubiera creado.
Cabría esperar pues que nos tomemos en serio el asunto y comencemos de inmediato a diseñar las estrategias para convertir en acciones los enunciados de la Ley que estamos estrenando.
