El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025, aprobado recientemente, ha generado una serie de críticas y tensiones en la comunidad política y social de México.
Con un monto histórico, este presupuesto refleja un incremento significativo respecto al año anterior.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la reasignación de recursos, que ha afectado de manera particular a la justicia y a los organismos autónomos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han visto reducidos sus presupuestos, lo que ha generado inquietud sobre el impacto en los derechos fundamentales y los contrapesos institucionales.
Por otro lado, sectores como la educación, las universidades estatales, el mantenimiento carretero, la cultura y el campo han recibido incrementos en sus recursos, lo cual ha sido bien recibido por algunos sectores. Sin embargo, la oposición ha criticado que no se hayan incrementado los recursos para la salud, considerando este recorte como grave en un contexto donde las necesidades del sistema sanitario son críticas.
La aprobación del presupuesto también estuvo marcada por un ambiente de tensiones extremas dentro de la Cámara de Diputados, con acusaciones y amenazas de violencia física entre legisladores de diferentes partidos. A pesar de las críticas y el ambiente polarizado, el presupuesto fue aprobado rápidamente, lo que algunos describieron como un «madruguete».
