Los diputados federales han dado luz verde a una reforma energética que consolida a PEMEX y la CFE como empresas públicas del Estado, generando un amplio debate sobre su impacto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las inversiones extranjeras.
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La reforma busca recuperar el control del Estado sobre los recursos energéticos del país, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como principales actores en el sector. Los legisladores argumentan que esta medida permitirá a México asegurar su soberanía energética y garantizar el acceso a la energía para todos los ciudadanos.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores han expresado su preocupación por los posibles efectos negativos en las inversiones extranjeras y en las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, socios clave en el T-MEC.
Empresarios y analistas advierten que la reforma podría alejar a los inversionistas extranjeros, quienes podrían percibir un entorno menos favorable para sus negocios. Además, señalan que esta medida podría generar tensiones con los socios comerciales, quienes podrían ver afectados sus intereses en el mercado energético mexicano.
El gobierno, por su parte, asegura que la reforma energética es un paso necesario para proteger los intereses nacionales y que se están tomando medidas para asegurar un clima de inversión estable y atractivo. También han destacado que la reforma incluye mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector energético, así como para fomentar la participación de empresas privadas en proyectos específicos.
El debate en torno a la reforma energética sigue abierto, y se espera que las discusiones continúen en el Senado, donde la iniciativa deberá ser ratificada. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en las posibles repercusiones de esta medida tanto dentro como fuera del país.
