El Espectador | El problema es la corrupción, y también la total impunidad

HIROSHI TAKAHASHI

Los números lo confirman: más allá del fenómeno cultural de la corrupción, la impunidad es la problemática número uno del país, pues el Estado ha faltado a su obligación de atender oportuna, gratuita y eficazmente cualquier violación a los derechos de una persona. Hay en la actualidad estudios que apuntan hacia proporciones mayores a 90 por ciento en cuanto a número de delitos que se mantienen impunes. Por supuesto que también hay casos de éxito, por ejemplo, según el más reciente Censo de Impartición de Justicia en los estados que elabora el INEGI, Hidalgo de Julio Menchaca ocupa el primer lugar nacional en el número de carpetas con resoluciones sobre vinculación a proceso: hasta el 98.4 por ciento de los casos en el último año los ha ganado allá la Procuraduría General de Justicia local, quizá porque llegó a encabezarla el extitular de la UIF a nivel federal Santiago Nieto Castillo.

Después de Hidalgo, Sonora de Alfonso Durazo; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, y Puebla, de Sergio Salomón Céspedes, son las entidades en las que se logra una proporción mayor de vinculaciones a proceso respecto a las carpetas de investigación que se inician y que se presentan al Poder Judicial; son alrededor de 96 por ciento los casos exitosos de procuración de justicia en los tres territorios.

¿Los gobiernos de Morena lo están haciendo bien? Parece que el tema partidista no es el parámetro; puesto que Zacatecas de David Monreal; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Tabasco, de Carlos Merino, y Tlaxcala, de Lorena Cuéllar, resultan los estados con menos efectividad para procesar a los presuntos delincuentes que participaron en los 300 mil ilícitos registrados durante 2022. Por ahí se cuela también entre los menos efectivos Aguascalientes de la panista Teresa Jiménez.

Habrá que mencionar que hay estados como Baja California Sur de Víctor Castro; Colima, de Indira Vizcaíno; Estado de México, ahora de Delfina Gómez; Nuevo León, de Samuel García; Oaxaca, de Salomón Jara, y Tamaulipas, de Américo Villarreal, que no pudieron “rankear”, básicamente porque sus juzgados y tribunales no contaron con los datos necesarios para transparentar el detalle de sus procedimientos.

Lo que sí tuvieron que entregar todos los órganos judiciales estatales fue el detalle del ejercicio de los más de 48 mil millones de pesos con los que funcionaron el año pasado. La Ciudad de México fue la entidad donde el Poder Judicial ejerció más recursos, 7 mil 381 millones de pesos en el 2022; seguido del Edomex, con 5 mil millones; Chihuahua, con casi 3 mil millones; Nuevo León, con 2 mil 700 millones, y Jalisco, donde el presupuesto fue de 2 mil millones. La publicación de las cifras de procuración de justicia del INEGI coincide con el anuncio de Santiago Nieto sobre que buscará una senaduría por su natal estado de Querétaro; por lo que, aseguran, puede ser un muy buen empujón lo que se ha logrado en Hidalgo para que Morena atraiga votos en un estado que ha sido dominado por el panismo.

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