El ajuste en las subsidiarias de las empresas estatales busca austeridad, pero genera preocupación por el retorno a prácticas del pasado que podrían agravar la transparencia y eficiencia.
Durante el sexenio pasado, Pemex y la CFE se mantuvieron relativamente ajenas a la austeridad republicana que afectó a otras áreas del gobierno. Ahora, en el marco del Paquete Económico 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha propuesto una reestructuración radical de estas empresas estatales. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó que parte de los ajustes incluirán la eliminación de las subsidiarias de Pemex y CFE, lo que implicará unificación de filiales y una reducción significativa en los costos operativos.
Sin embargo, esta propuesta ha generado controversia y preocupaciones entre analistas y expertos, que advierten sobre los riesgos de volver a prácticas de gestión del pasado. El economista Carlos Ramírez, ex vocero de Pemex, señaló que este tipo de reestructuraciones remiten a un modelo que ya fue implementado en México a finales de los años 80 y que terminó siendo un fracaso debido a la opacidad que generaba. La fusión de las filiales, en su opinión, podría ocultar las pérdidas y ganancias de cada una de las áreas de estas gigantes del sector energético.
Actualmente, la división de filiales permite un análisis claro de la situación financiera de cada unidad: Pemex Exploración y Producción, por ejemplo, genera ingresos significativos, mientras que la parte de refinación arrastra pérdidas debido a la obsolescencia de las refinerías. La separación de estas unidades permite a los analistas ver con claridad qué áreas necesitan ser intervenidas o mejoradas. La unificación de las filiales, según Ramírez, significaría un regreso a la opacidad de los años 70, donde los subsidios cruzados y la falta de transparencia en los recursos eran comunes.
Por otro lado, la reducción de personal es vista como uno de los principales mecanismos para alcanzar los ahorros prometidos. Sin embargo, esta estrategia es cuestionada, ya que muchos analistas consideran que recortar personal puede afectar la calidad del servicio y la capacidad operativa de las empresas, sin lograr realmente resolver los problemas estructurales de fondo.
Además, el contexto económico del país complica aún más la viabilidad de estos ajustes. La administración de Sheinbaum tiene como objetivo reducir el déficit fiscal en un 2.9% del PIB, lo que representa un ajuste cercano a los 900,000 millones de pesos. Si bien los recortes a Pemex y CFE se presentan como una solución, es probable que no sean suficientes para alcanzar la meta fiscal, lo que deja en duda la efectividad de estos cambios.
En resumen, aunque los ajustes propuestos para Pemex y CFE buscan racionalizar el gasto y reducir la burocracia, su implementación podría tener efectos contraproducentes, como el aumento de la opacidad financiera y una mayor centralización del poder en las altas esferas de las empresas. Si bien la austeridad es un objetivo legítimo, la falta de claridad sobre los detalles de estos ajustes deja muchas preguntas sin respuesta, lo que podría poner en riesgo la transparencia y eficiencia de las empresas más grandes del país.
