En la primera quincena de julio los precios de los productos agropecuarios aumentaron 14.33% a tasa anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor elaborado por el Inegi. El incremento de las frutas y verduras fue del 25.69 por ciento. Los precios en loncherías, fondas, taquerías, restaurantes y similares subieron 5.96%, casi un punto porcentual más que la tasa de inflación general de 4.98 por ciento.
Muchos de estos aumentos se deben a los costos adicionales que por pago a la delincuencia organizada erogaron los productores, transportistas, bodegueros, comerciantes al mayoreo y menudeo de frutas y verduras. Los aumentos en los precios de los vendedores de comida preparada fueron para recuperar lo que debieron darles a los delincuentes que los extorsionaron.
La extorsión es solo un delito que directa o indirectamente afecta a cada uno de nosotros y a la situación económica y social del país. La extorsión y el robo le cuestan al año a las empresas del país unos 6,800 millones de pesos, equivalente a 0.67% del PIB. Estas cifras son alarmantes y reflejan la realidad cotidiana de millones de mexicanos que pagan por trabajar, vender o simplemente vivir en paz. También la de millones más que debemos comprar productos con precios elevados debido a los pagos que los extorsionadores exigen a productores y proveedores de incontables productos y servicios que consumimos.
Varios estudios muestran que la extorsión tiene un efecto directo en la inflación. Uno de ellos señala que aproximadamente el 3% del incremento en los precios de alimentos, frutas y verduras se debe a la extorsión y el robo. Otro, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM indica que este delito aumenta hasta en 2 puntos porcentuales a la inflación general. Por eso, todos los mexicanos estamos financiando indirectamente a los criminales cada vez que compramos más caros nuestros productos básicos.
Los sectores más afectados incluyen el comercio, los servicios, la agricultura, el transporte y la manufactura. Los mini y pequeños comerciantes deben pagar cuotas para operar sin represalias, con costos que pueden llegar hasta 40,000 pesos mensuales. Agricultores y jornaleros deben pagar por el derecho a cultivar sus tierras, mientras que los transportistas enfrentan extorsiones para transitar, con pagos de entre 30,000 a 40,000 pesos cada mes.
Las denuncias de casos de extorsión en México son muy pocas. Se estima que el 98.9% de los casos de extorsión no se denuncian por varias razones, entre ellas porque las víctimas tienen miedo a represalias, no confían en las autoridades, sospechan que las autoridades están coludidas con los criminales, están convencidos de que no pasará nada y los desmotiva la complejidad del proceso de denuncia.
La extorsión es un problema de seguridad y un desafío económico y social que no solo incrementa los costos de operación y producción, sino que deteriora el tejido social y la confianza en las instituciones. Es un problema complejo que afecta a todos. Desde el pequeño comerciante hasta el consumidor final, todos pagamos el precio de la impunidad. Es hora de que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntos para erradicar este delito que está destruyendo nuestra economía y paz social.
