Ayer tuvo lugar la décima edición del evento “Abrazos no muros”, en el cual las familias migrantes viven un breve rencuentro con sus seres queridos. Durante escasos cinco minutos, decenas de familias pudieron convivir con padres, madres, hijos o hermanos que radican en Estados Unidos, a quienes no han visto durante años debido a las restricciones migratorias impuestas por ese país.
El acto, organizado por grupos humanitarios y efectuado en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un pequeño resquicio para la esperanza que se contradice con el cada vez más sombrío panorama que enfrentan los millones de personas que bregan por alcanzar el llamado sueño americano, es decir, el asentarse en territorio estadunidense y encontrar ahí las oportunidades de crecimiento personal, educativo, profesional y financiero que se les negaron en sus regiones de origen. El evento mismo delató los cambios en la actitud de Washington ante los flujos migratorios: a diferencia de otros años, las muestras de cariño estuvieron fuertemente vigiladas por fuerzas de seguridad estadunidenses, custodia alineada con el anuncio del presidente Joe Biden respecto al envío de mil 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional a resguardar la frontera.
Otro suceso que despertó expectativas de cambio entre los migrantes es el fin del Título 42, una medida impuesta por el ex presidente Donald Trump para deportar de manera expedita a quienes ingresen sin documentos a Estados Unidos, con el pretexto de la emergencia sanitaria por el covid-19. Pero las autoridades estadunidenses se han adelantado a apagar cualquier ilusión con el recordatorio de que el Título 42, cuya vigencia expira el 11 de este mes, será remplazado por el Título 8, normativa que hace “inelegibles para el asilo” a las personas que atraviesen la frontera sin autorización, habiendo utilizado un camino ilegal o sin haber programado una cita para ser entrevistados en un puerto de entrada. Bajo este título, los agentes fronterizos determinarán si existen motivos de “miedo creíble” que justifiquen el asilo y procederán a la deportación inmediata de quienes, a su juicio, no cubran el requisito. La postura de las autoridades estadunidenses es tajante: en un mensaje publicado en redes sociales aconsejan a los migrantes “no poner su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso sólo para ser deportados”.
Pese a estas advertencias, los migrantes se concentran en la frontera a la espera de una oportunidad de cruzar hacia el lado norte del río Bravo. La situación plantea desafíos múltiples: en lo inmediato, el peligro de que se repitan episodios como los de marzo y abril pasados, cuando falsos rumores propiciaron un intento de entrada en masa a Estados Unidos que pudo terminar con un saldo trágico. A mediano y largo plazos, la negativa estadunidense a permitir el ingreso de las personas concentradas en la frontera pone a México en la delicada situación de proveer una asistencia que claramente rebasa las capacidades logísticas y financieras nacionales. En este sentido, es evidente que las 885 mil visas y permisos de trabajo otorgados o por otorgarse entre 2022 y 2023 representan apenas un paliativo para el drama migratorio. Así lo muestran los datos oficiales de Washington, según los cuales 183 mil migrantes fueron detenidos sólo en abril.
Resulta paradójico que el gobierno de Biden reconozca e incluso denuncie los peligros que corren los perseguidores del sueño americano, a la vez que pone todas las trabas posibles cuando se trata de ofrecerles un cauce legal realista y suficiente para evitar que transiten el riesgoso camino que los lleva del Caribe, Centro y Sudamérica a la frontera compartida con México. Si persiste esta actitud, México deberá prepararse para atender a un número creciente de personas que no tienen intención de instalarse en nuestro territorio, pero que deberán permanecer aquí por tiempo indefinido.
