JUSTICIA ORDENA AL IMSS REALIZAR CIRUGÍA URGENTE A NIÑA DE SEIS AÑOS

Un juzgado federal ha obligado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar, de manera inmediata, un implante coclear a una niña de seis años, cuya salud corre riesgo de deterioro grave e irreversible. La resolución, considerada un precedente importante en la defensa del derecho a la salud, se deriva de un juicio de amparo promovido por el padre de la menor.

Foto: Capital 21 – CDMX

El Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de México determinó que el IMSS incurrió en una omisión médica al no proporcionar atención especializada en audiología ni garantizar la cirugía que la menor requiere con urgencia.

De acuerdo con el expediente judicial, el padre de la niña presentó la demanda el 20 de marzo de 2025, argumentando que su hija había sido privada del acceso a servicios esenciales, lo que vulnera los derechos constitucionales consagrados en los artículos 1° y 4°, en especial el derecho a la salud y al desarrollo integral de la niñez.

“El análisis del caso consideró tanto la legislación nacional como los tratados internacionales firmados por México”, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). “Se concluyó que la omisión del IMSS representa una violación directa a los derechos fundamentales de la menor”.

El fallo judicial ordena al instituto brindar atención médica especializada sin más demoras, incluyendo consultas pediátricas en otorrinolaringología, el suministro de insumos médicos necesarios y la ejecución de la cirugía bajo estándares de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Además, el IMSS deberá garantizar la rehabilitación posterior a la operación y, en caso de no contar con los recursos necesarios, podrá coordinarse con otras instituciones médicas públicas. La sentencia exige el cumplimiento inmediato, dado el riesgo de daño permanente en la salud auditiva de la niña.

Esta resolución, basada en una interpretación del artículo 77 de la Ley de Amparo, refuerza la responsabilidad de las instituciones públicas en garantizar el acceso efectivo a la salud, especialmente para sectores vulnerables como la infancia.

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