La disolución de casi veinte entidades encargadas de garantizar derechos ciudadanos y fiscalizar el actuar del gobierno, en el marco del «Plan B» de López Obrador, marca un retroceso en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en México.
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo una de las reformas más controversiales de su administración con la supresión de casi una veintena de entidades públicas que fueron diseñadas durante años para proteger los derechos ciudadanos y velar por el bienestar público. Estas instituciones, nacidas del principio de que los gobernantes deben ser controlados y obligados a rendir cuentas, fueron el resultado de décadas de lucha cívica y política. Sin embargo, a través del llamado “Plan B”, López Obrador ha impulsado la eliminación de órganos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y diversas comisiones clave en áreas como la energía, la competencia económica y la educación.
Este giro radical no solo ha desmantelado instituciones que fueron el pilar de la transparencia y la supervisión, sino que ha dejado en evidencia la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. En el Congreso, donde se aprobó la reforma, el debate se ha reducido a una lucha por ver quién muestra más fervor en su apoyo al presidente, dejando de lado el análisis profundo sobre las implicaciones para la democracia y los derechos ciudadanos. Con el nuevo modelo de “transparencia” que implementa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, el país se enfrenta a un futuro incierto, donde la independencia de estas funciones parece estar en peligro. Buenrostro, estrechamente vinculada al presidente, se perfila como una figura que, más que garantizar la rendición de cuentas, podría convertirse en un instrumento de control político, con atribuciones cuestionables como la aplicación de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos.
El resultado de esta reforma es una clara amenaza a la autonomía de las instituciones y al acceso de los ciudadanos a la información pública. Organismos como Fundar ya reportan una alarmante cifra de solicitudes de información que han sido declaradas inexistentes o denegadas, lo que refleja un aumento de la opacidad gubernamental. Con la desaparición del INAI y la creación de una nueva dependencia sin una clara orientación hacia la transparencia, el futuro de la rendición de cuentas en México es incierto. El “Plan B” representa no solo un ataque a las instituciones, sino también un retroceso en los avances democráticos del país.
