El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU lanzó un fuerte llamado a México: dejar atrás el enfoque securitario y adoptar una política migratoria centrada en los derechos humanos. En sus observaciones finales al cuarto informe periódico del país, el Comité mostró especial preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de actores sin competencia legal en labores de verificación, y el uso extendido de la detención como herramienta de control migratorio.
Aunque reconoció ciertos avances legislativos y diplomáticos, como la reforma de la Ley de Migración de 2020 —que armoniza esta con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes—, el organismo internacional fue categórico: es urgente que México detenga la intervención de fuerzas armadas como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en asuntos migratorios, así como la subcontratación de funciones clave a empresas privadas.
El Comité lamentó la falta de una evaluación integral sobre el impacto de los mecanismos de control migratorio y criticó que en vez de avanzar hacia un enfoque más humano, el país ha profundizado las medidas de vigilancia y detención, incluso en espacios públicos como estaciones de autobuses, carreteras y centros comerciales.
Uno de los temas más sensibles abordados en el informe fue la privación de libertad por razones migratorias. Si bien se reconocen pasos positivos, como la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el artículo 111 de la Ley de Migración, aún persisten prácticas opacas, como el uso de eufemismos como “aseguramiento” o “presentación”, que encubren detenciones arbitrarias. Además, se hizo un llamado específico a evitar la detención de personas en situación de vulnerabilidad, incluidos menores, solicitantes de asilo, embarazadas o personas con discapacidad.
El Comité también señaló preocupaciones sobre los llamados “Centros de Canalización” y Centros de Asistencia Social que, pese a su nombre, operan bajo condiciones similares a centros de detención, incluso separando a familias migrantes.
En materia consular, se reconocieron esfuerzos por fortalecer la asistencia a mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, aunque se enfatizó la necesidad de dotar de más recursos y capacitación al personal consular.
Asimismo, se solicitó establecer un mecanismo de monitoreo independiente y constante, con participación de la sociedad civil, para asegurar que se cumplan las recomendaciones internacionales y se avance en la protección de los derechos de trabajadores migrantes y sus familias.
El Comité también llamó la atención sobre el papel dominante del Instituto Nacional de Migración (INM), encabezado aún por Francisco Garduño, en decisiones migratorias, y sugirió reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, así como proteger a defensores de derechos humanos que trabajan en esta materia.
Finalmente, aunque valoró la creación de bases de datos para combatir la trata de personas y la mejora en la recopilación de estadísticas migratorias, subrayó la urgente necesidad de contar con datos más desglosados y detallados para abordar adecuadamente las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las personas migrantes en México.
El mensaje fue claro: los derechos humanos deben estar por encima de los operativos, y la migración debe gestionarse con humanidad, legalidad y justicia.
