En medio de tensiones internas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y señalamientos por presuntas prácticas indebidas en las urnas, la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, defendió con firmeza la validez de la reciente elección judicial del pasado 1° de junio, señalando que sólo el 0.89% de las casillas —818 en total— presentaron irregularidades lo suficientemente graves como para ser anuladas.
Durante la sesión de este miércoles, Taddei reiteró que el Consejo General actuó de forma responsable frente a los hechos documentados. “Ni avalamos irregularidades, ni dejamos de decir que existen”, declaró, subrayando que las anomalías no fueron lo suficientemente amplias como para poner en duda el resultado general de la elección.
Sin embargo, su posición ha generado fricciones dentro del mismo consejo electoral. Cinco consejeros disidentes expresaron su preocupación por la incidencia de los llamados “acordeones”, papeles con indicaciones explícitas de voto a favor de ciertos candidatos, presuntamente promovidos por Morena. Estos acordeones coincidieron con los resultados de muchas casillas, lo que para los críticos —y también para la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— pone en entredicho la legitimidad del proceso.
El consejero Arturo Castillo no dudó en señalar el problema como “el elefante en la sala” del INE: un elemento que, aunque visible, fue ignorado por la mayoría del pleno. La propuesta de esperar los resultados de las investigaciones antes de validar oficialmente la elección fue rechazada por mayoría, gracias al voto clave de Carla Humphrey Jordan, aliada de Taddei, que inclinó la balanza.
Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas defendió la postura oficial: “Las casillas en donde hubo adulteración de la voluntad popular no son contabilizadas”, y argumentó que con 818 anulaciones, el número está lejos del 20% requerido para invalidar la elección en su conjunto.
Así, mientras una parte del INE insiste en que la elección fue en esencia limpia, otros alzan la voz para señalar que el verdadero problema no son las cifras, sino las prácticas que pudieron influir en el voto ciudadano.
El debate sigue abierto, y aunque los resultados fueron oficialmente validados, el fantasma de los acordeones y las dudas sobre la imparcialidad del proceso electoral aún rondan sobre el árbitro electoral mexicano.
