Ciudad de México, 10 de febrero de 2025. El bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezado por su presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, anunció una estrategia de defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto, en respuesta al proyecto de resolución que podría invalidar diversas decisiones sobre la elección judicial.
Durante una conferencia de prensa, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera expresaron su rechazo al proyecto de la SCJN y defendieron la autonomía del TEPJF. Soto calificó la resolución como una «serie de descalificaciones» y sostuvo que la Corte carece de competencia para revocar decisiones de la Sala Superior.
En un movimiento inédito, los magistrados solicitaron que cuatro ministros de la SCJN—Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo—sean excluidos de la discusión y votación del proyecto. Argumentaron que estos ministros han emitido declaraciones públicas y expresiones que ponen en duda su imparcialidad en torno a la reforma judicial.
La estrategia presentada busca evitar que la SCJN invalide las resoluciones del TEPJF y, en caso de que el fallo del máximo tribunal sea adverso, el bloque de magistrados sostiene que el Tribunal Electoral no estaría obligado a acatarlo. «Tengo serias dudas sobre si la Suprema Corte es competente para resolver este tipo de conflictos», afirmó De La Mata.
El TEPJF hizo llegar un informe de 63 cuartillas a la SCJN, en el que justifica sus resoluciones sobre la elección judicial y su decisión de ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación continuar con sus actividades, pese a las suspensiones dictadas por jueces federales.
Niegan confrontación con la SCJN
A pesar de la postura firme del bloque mayoritario, Soto negó que exista un enfrentamiento con la SCJN. Argumentó que la Corte ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la reforma judicial en noviembre pasado, cuando desechó una acción de inconstitucionalidad. «La pregunta que debemos hacernos es si esto responde a un criterio jurídico o a una postura política», señaló De La Mata.
Sobre la decisión de desechar más de 400 impugnaciones de aspirantes a las candidaturas en la elección judicial, los magistrados defendieron su postura, argumentando que el proceso ya se encontraba en una etapa avanzada. «El Comité tenía vida constitucional hasta el 31 de enero, por lo que ya no era posible reiniciar el sorteo y la evaluación», explicó Soto.
Por su parte, el magistrado Fuentes reveló que su ponencia ha comenzado a analizar una impugnación contra el diseño de las boletas para la elección del 1 de junio, un punto clave en el debate sobre la reforma judicial.
Este episodio marca un nuevo capítulo en la tensión entre el TEPJF y la SCJN, en un contexto donde la autonomía judicial y la legalidad de las reformas se encuentran en el centro del debate nacional.
