El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a pagar 700 millones de pesos para recomprar la marca Mexicana de Aviación y otros activos de la extinta empresa y entregárselos a la nueva aerolínea a cargo de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Sin embargo, este monto no saldará la deuda histórica que tiene el Estado con los exempleados de la empresa, la cual fue condonada por Grupo Posadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Los sindicatos firmaron un laudo con Mexicana de Aviación para terminar la relación laboral de 8,620 trabajadores a cambio de cuatro años de indemnización y dos años de atraso, o aproximadamente 8 mil millones de pesos, 11 veces más de lo que ofrece el gobierno comprando la marca. Si bien todos los involucrados en las negociaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acordaron vender la marca al gobierno por liquidez, algunos indicaron que en el diálogo no se tuvo en cuenta la naturaleza del producto. Intervención contra el grupo de accionistas que dividió la empresa y la llevó a la quiebra en 2010.
Las negociaciones continúan entre los ex representantes de los trabajadores, los síndicos del concurso mercantil y la STPS; Los fondos para la marca, el centro de formación técnica y los edificios provendrán del Istituto Resttituzione al Popolo dei Trafugati y los derechos de uso se destinarán a la Sedena. Si eso sucede, la nueva aerolínea estatal tendrá derecho a llamarse Mexicana de Aviación, pero no tendrá nada que ver con la aerolínea que fue fundada hace más de un siglo y ha sido la principal aerolínea del país durante décadas. Otra subsidiaria del holding sería Olmeca-Maya-Mexica, SA de CV, Grupo de Servicios Aeroportuarios, Ferroviarios y Auxiliares, que se creó para permitir a Sedina operar cinco aeropuertos, trenes Maya y otras instalaciones hoteleras en la Riviera Maya. El 4 de octubre, López Obrador anunció que buscaría recomprar la marca Mexicana de Aviación de su aerolínea a los trabajadores y así «devolverle a la nación un ícono, un ícono». Pero argumentó al día siguiente que no usaría dinero público para salvar a la aerolínea.
El abogado Joaquín Ortega, quien durante una década ha acompañado a 600 jubilados en colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación y Servicios Similares, coincide en que la estrategia de venta de marcas no es una garantía del gobierno en caso de quiebra. Como antes. Los trabajadores ya no pueden reclamar el nombre de la empresa en su lucha. Señaló que los 700 millones de pesos entregados por el gobierno a la marca serían suficientes solo para pagar tres meses de salario a los exempleados, de los 72 meses pactados en la adjudicación, por lo que tras este pago el 91% del monto adeudado. permanecerá suspendido.
Además, según el abogado, el gobierno no está obligado a pagar las deudas de Mexicana de Aviación sino las de los responsables de la quiebra. «Problemas politicos»
Ortega no entendía por qué la administración de Andrés Manuel López Obrador no obligó a Grupo Posadas a pagar los más de $500 millones que se les adeudaba a los trabajadores como parte de la obligación laboral de emergencia que existía en México de Aviación y que se descontaba del precio de compra. .
Cuando Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga Andrade, compró acciones de Mexicana de Aviación en 2005, el Instituto para la Protección de la Banca de Ahorro (IPAB) le ofreció a la empresa una serie de descuentos. Del precio inicial de $1.456 millones, redujo los arrendamientos de aeronaves en $997 millones, restó otros $29 millones de la deuda neta y restó $265 millones de los «pasivos laborales contingentes».
