El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier asegura que la candidata de Morena y su marido tienen al menos 7 propiedades que sumarían un valor de 100 mdp
Xalapa, Ver.-El empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier y el abogado Arturo Nicolás Baltazar acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar una denuncia contra la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, y su esposo José Luis Peña Peña, por los presuntos delitos de hechos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito.
En entrevista, el empresario, quien ha dado a conocer información sobre los bienes de la candidata, aseguró que Nahle García y su esposo tienen al menos siete propiedades que sumarían un valor de 100 millones de pesos.
“Además de las propiedades que tiene la candidata en el país, cuenta con un departamento en Estados Unidos”, dijo desde la Ciudad de México, tras hacer una publicación en su red oficial de X, antes Twitter, de la denuncia ya presentada.
Recordó que tres de las propiedades “llaman altamente la atención”: la casa del fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río; el departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, y la casa en Villahermosa, Tabasco, en el fraccionamiento El Country.
Además, comentó que se cuenta con la casa de Coatzacoalcos y un terreno que compró su esposo de 555 metros cuadrados, con un valor de 7.5 millones de pesos, según lo analizado por especialistas en bienes inmobiliarios.
Refirió que se tienen datos del departamento en San Pedro Garza García, el terreno que compró José Luis Peña Peña en El Dorado, así como la propiedad de Villahermosa y el departamento de Nahle en Coatzacoalcos, aunque hay información de otro terreno en Monterrey en una colonia popular y una propiedad en Estados Unidos, pero de estos dos últimos casos se reservará la información.
Explicó que se percató de los bienes de la candidata luego de realizar una visita a unos amigos en el fraccionamiento El Dorado, a donde llegaron siete camionetas de alto valor, todas con imágenes de la exsecretaria de Energía, quien llegó acompañada de al menos 30 empleados de seguridad.
“En ese momento yo tomo las primeras fotografías porque no es posible que una persona que gana 106 mil pesos mensuales, quien declaró en su declaración patrimonial ser propietaria de dos casas, una por 175 metros cuadrados, ella dice que fue donada, una más por 425 metros cuadrados y que declara un solo vehículo, una Nissan X-Trail modelo muy atrasado, pero tiene un despliegue de Suburban último modelo, blindadas, lo cual no cuadra”, expuso.
¿Comprar varias propiedades es un delito?
En referencia al tema, el abogado Arturo Nicolás Baltazar, quien compartió datos con este medio de comunicación, indicó que adquirir propiedades no es un delito, pero la forma en que fueron compradas sí puede significarlo.
Detalló que en la denuncia se explica que los ingresos de la candidata y su esposo no “cuadran” con los bienes adquiridos, lo que podría significar la comisión del delito de corrupción y, por consiguiente, enriquecimiento ilícito.
Al realizar un análisis de los bienes se puede conocer que todos los bienes que pertenecen al matrimonio Nahle-Peña oscilan entre los 100 millones de pesos, de ahí la necesidad de que la candidata a la gubernatura salga a explicar el origen del dinero.
El empresario Arturo Castagné Couturier puntualizó que se pedirá que las autoridades verifiquen la manera en que se adquirieron las propiedades, a fin de que se pueda demostrar que no se cometieron los delitos ya mencionados.
Explicó que en la denuncia se requiere a la FGR investigar el valor real de la propiedad en San Pedro Garza García y el resto de los bienes del matrimonio y que por su parte José Luis Peña Peña explique cómo abonó un millón y medio de pesos en efectivo para el inmueble de San Pedro Garza, el cual debía pagar a crédito en 10 años, pero lo liquidó en 4 años.
Manifestó que en caso de comprobarse estos delitos, Rocío Nahle y su esposo podrían alcanzar penas de hasta 15 años de prisión y las propiedades se deberían de incautar y formar parte del Estado.
Por último, el empresario Arturo Castagné aseguró que a partir de que dio a conocer la información ha recibido amenazas y ha sido objeto de difamaciones, de ahí que se siente indefenso, aunque está consciente de que está enfrentando a un aparato gubernamental.
