Con el respaldo de Movimiento Ciudadano, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la nueva reforma a la Ley de Telecomunicaciones, una iniciativa que ha sido calificada por la oposición como un avance hacia el control, la vigilancia y la censura por parte del Estado. Tras más de diez horas de debate, el dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como nuevas restricciones a la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. Además, se establece la posibilidad de geolocalizar en tiempo real a usuarios investigados por autoridades, y se exige presentar CURP con datos biométricos para contratar servicios de telefonía e internet.
A pesar de las críticas, Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa argumentando que se escuchó a la ciudadanía y se incorporaron 89 modificaciones al dictamen original. Entre los cambios más relevantes está la eliminación del artículo 109, que planteaba la posibilidad de bloquear temporalmente plataformas digitales.
Sin embargo, el artículo 183 de la reforma ha encendido las alarmas entre diputados del PRI y del PAN. Este artículo obliga a las compañías de telecomunicaciones a colaborar con autoridades en la localización de dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial explícita. Según el diputado priista Yerico Abramo Masso, se trata de una medida que pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos al asumir a todos como presuntos culpables. «No estamos en contra del uso de tecnología para combatir el crimen, pero sí de leyes redactadas a conveniencia del poder», señaló.
Por su parte, el panista Miguel Ángel Monraz Ibarra denunció que la reforma representa un paso más en el avance de un gobierno autoritario. Acusó a Morena y sus aliados de desmantelar organismos autónomos y sustituirlos por estructuras bajo control presidencial. “Esta no es una ley de telecomunicaciones. Es una ley de vigilancia, una advertencia de lo que viene: más control, más censura y menos libertades”, afirmó.
A pesar de las protestas, que incluyeron actos simbólicos como legisladoras amordazadas en el pleno, la reforma fue aprobada por 369 votos a favor y 103 en contra en lo general, y por 343 a favor y 129 en contra en lo particular. Ninguna reserva fue aceptada.
Mientras el oficialismo celebra lo que considera una reforma modernizadora y necesaria para la seguridad nacional, la oposición insiste en que esta ley sienta un peligroso precedente al expandir las facultades del Estado sin los debidos controles judiciales. La publicación en el Diario Oficial definirá la entrada en vigor de esta nueva etapa en el marco legal de las telecomunicaciones en México.
