El Senado de Argentina, durante una reciente sesión, desestimó la creación de una comisión investigadora para examinar el involucramiento del presidente Javier Milei en el escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA. Sin embargo, se aprobó el envío de un pedido de informes al Ejecutivo sobre el caso, en un intento por esclarecer la situación.
El bloque opositor no logró reunir los votos necesarios para convocar una investigación formal, ni para que figuras clave como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o la hermana del presidente, Karina Milei, comparecieran ante el Senado para dar explicaciones.
El escándalo relacionado con $LIBRA estalló el pasado viernes, cuando Milei promovió a través de sus redes sociales el lanzamiento de esta criptomoneda. El valor de la moneda se disparó inicialmente, solo para desplomarse en pocas horas, dejando a miles de inversores afectados. Según datos de la consultora Nansen, un 86% de los compradores de $LIBRA perdió dinero, lo que resultó en un desfalco de 251 millones de dólares, mientras que el resto de los inversores logró ganancias por 180 millones.
La senadora Alicia Kirchner, del bloque peronista Unidad Ciudadana, manifestó su indignación y destacó que la promoción de esta criptomoneda por parte de un mandatario es completamente inapropiada, afectando la imagen de Argentina internacionalmente.
Por su parte, la senadora Silvina García Larraburu también expresó su preocupación por el “desfalco” que considera terminará afectando al pueblo argentino. La senadora Silvia Sapag, quien también pertenece a Unidad Ciudadana, detalló que los damnificados fueron inversores de 26 países, incluidos Argentina, Brasil, Chile, China, España, Estados Unidos, y Venezuela.
Sapag calificó el episodio como una vergüenza global y acusó a Milei de ser parte del lanzamiento de $LIBRA, sugiriendo que el presidente estaba al tanto de la intención de recaudar dinero bajo el respaldo del gobierno argentino, e incluso mencionó posibles irregularidades, como la distribución de sobornos.
Este caso continúa siendo objeto de debate en el Senado, mientras las autoridades analizan si las acciones de los implicados podrían configurar delitos como lavado de dinero, defraudación o estafa.
