Javier May denuncia vínculos de exfuncionarios con el crimen organizado mientras enfrenta el aumento de homicidios y el control de múltiples cárteles.
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Las recientes declaraciones del gobernador de Tabasco, Javier May, sobre la presunta colusión entre exfuncionarios públicos y el crimen organizado han causado un gran revuelo, especialmente por sus señalamientos hacia el líder morenista en el Senado, Adán Augusto López Hernández. May Rodríguez acusó que la inseguridad en el estado se ha intensificado debido a la complicidad de administraciones pasadas, subrayando que el 2024 es el año más violento de la entidad, con al menos 712 homicidios registrados hasta la fecha.
En un discurso cargado de acusaciones graves, May aseguró que su gobierno no pactará con la delincuencia organizada y que se investigará a fondo a aquellos que pudieran haber facilitado la expansión del crimen en el estado. En particular, apuntó al exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, por su posible relación con el grupo criminal «La Barredora», que opera en varias localidades de la región, involucrado en delitos como el robo de combustible y tráfico de migrantes.
El panorama criminal en Tabasco es complejo y abarca 17 municipios, con al menos 10 grupos delictivos activos, incluidos los poderosos cárteles de Sinaloa y el CJNG. La creciente presencia de estos grupos, combinada con la corrupción y la infiltración de funcionarios locales, pone en grave riesgo la seguridad de los aproximadamente 2.4 millones de habitantes de la región. Las denuncias de May no solo implican un desafío de seguridad, sino también una lucha interna contra la corrupción que podría tener raíces profundas en el gobierno estatal.
A la par, en el Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez enfrenta críticas por la calidad de las placas vehiculares entregadas a los ciudadanos, las cuales han comenzado a deteriorarse rápidamente. Expertos afirman que estas placas no cumplen con las especificaciones requeridas por la Norma Oficial Mexicana, lo que ha generado descontento entre los conductores y un ambiente de extorsión por parte de los policías locales, quienes se aprovechan de la situación para obtener ganancias ilegales. La combinación de inseguridad y fallos administrativos ha puesto a varios estados en el centro de la controversia en México.
