La afluencia masiva a la franja fronteriza con motivo del fin del Título 42 plantea desafíos y genera una obvia preocupación a los gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, ayer los mandatarios sostuvieron una conversación telefónica en la que se trató “una estrecha coordinación continua entre las autoridades y fuertes medidas de cumplimiento de la ley”. Al término de la llamada, tanto el morenista como el demócrata expresaron su satisfacción con la voluntad de cada parte de trabajar juntos en esta problemática compartida.
En contraste con el clima de diálogo y cooperación entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se encuentra embarcado en una campaña de estigmatización y criminalización de los migrantes que por momentos adquiere tintes francamente fascistas. Desde hace años, el político republicano se ha referido a las personas en tránsito como “invasores” y ha azuzado a los sectores más retrógrados de su electorado con una retórica inadmisible en cualquier democracia. El año pasado, Abbott hizo de la xenofobia el centro de su campaña por la relección, y su compañero de fórmula, Dan Patrick, llegó a comparar los cruces indocumentados de la frontera con el ataque japonés sobre Pearl Harbor en 1941. Abbott ha acompañado su discurso con hechos a través de la Operación Estrella Solitaria (sobrenombre del estado de Texas), una salvaje persecución de migrantes en la que ha derrochado miles de millones de dólares.
En vísperas de que termine el Título 42, la escenificación de una batalla para salvar a Estados Unidos de una amenaza que sólo existe en la mente de sus partidarios ha alcanzado un paroxismo con el despliegue de helicópteros Black Hawk, aeronaves de combate que se han utilizado en las invasiones estadunidenses a Irak y Afganistán, así como en otros escenarios bélicos.
Cada una de las acciones racistas de Abbott se complementa con una publicación en redes sociales donde denuncia la “política de fronteras abiertas” de Biden y la indefensión de los ciudadanos ante la presunta negativa del gobierno federal demócrata a atender la crisis fronteriza. Estas afirmaciones pertenecen al género de bulos que fueron normalizados por Trump, y son desmentidos por la realidad, pues desde marzo de 2020 se han efectuado 2.8 millones de expulsiones de migrantes. En suma, el texano manipula los miedos de una parte significativa de los estadunidenses a que la llegada de extranjeros pobres lleve a una pérdida de los valores tradicionales de esa sociedad o al “robo” de empleos para impulsar su carrera política y extorsionar a al gobierno federal. Dicha conducta es deplorable en sí misma, pero además atiza odios que pueden derivar en tragedias mayúsculas como la ocurrida en 2019, cuando un joven asesinó a 23 personas en El Paso en respuesta a lo que consideraba una “invasión hispana”. Ahora mismo, las autoridades investigan si el atropellamiento que mató a ocho migrantes e hirió a otros nueve en Brownsville fue intencional y si tuvo motivaciones racistas.
Lamentablemente, es poco lo que puede hacer el gobierno de Biden frente a la autonomía de que gozan los estados, y también se ha hecho patente que sus buenas intenciones tienen una repercusión limitada debido a las inercias de un aparato burocrático federal caracterizado por la insensibilidad, el colonialismo, el racismo y la corrupción, lo cual deja un panorama desolador para centenares de miles de personas desesperadas que únicamente buscan circunstancias propicias para trabajar, estudiar y sostener a sus familias.
