Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, denunció una campaña de desinformación contra la reforma a la Ley de Amparo. Señaló que en esta estrategia participan abogados, comentaristas políticos y jueces que se sintieron afectados por la reforma judicial. Aseguró que algunos de ellos defienden intereses particulares y buscan frenar los cambios que fortalecen la legalidad y la recaudación fiscal.
Zaldívar afirmó que los críticos engañan al decir que la reforma aplica de forma retroactiva. Explicó que solo regirá para etapas futuras de los juicios y no para procesos concluidos. Subrayó que el objetivo principal consiste en lograr un juicio de amparo más ágil, más claro y con menos abusos. Dijo que los opositores defienden privilegios que afectan al país y al erario público.
El funcionario destacó que la reforma impedirá que personas con grandes deudas fiscales utilicen el amparo para retrasar pagos. Precisó que con los cambios se acortarán los tiempos de cobro de créditos firmes. Antes, estos procesos tardaban años y dañaban a la sociedad mexicana. Aseguró que las nuevas reglas no eliminan derechos de defensa ni afectan garantías constitucionales.
Durante la conferencia matutina, Zaldívar insistió en que la campaña de desinformación pretende hacer creer que las reformas limitan derechos humanos. Rechazó esa narrativa y recordó que el actual gobierno surgió de una lucha por la democracia. Indicó que ningún proyecto de esta administración puede tener un carácter regresivo en materia de derechos. Dijo que las críticas tienen fines políticos y económicos muy claros.
También criticó a un magistrado que otorgó suspensiones generales en favor de empresas extranjeras del sector energético. Lo acusó de violar la ley y causar daños económicos al país. “No podemos permitir abusos disfrazados de legalidad”, expresó. Finalmente, reiteró que la reforma moderniza el juicio de amparo y fortalece la justicia para todos los mexicanos.
