Las organizaciones sociales reaccionan con firmeza ante la decisión de la SCJN. Además, más de 200 colectivos y víctimas denuncian un retroceso que afecta la reparación integral. También expresan inquietud por la reducción de garantías en momentos críticos. Sin embargo, las madres buscadoras mantienen su exigencia de justicia. Por ello impulsan llamados urgentes para detener decisiones que limiten derechos y profundicen la incertidumbre.
Por otra parte, los colectivos recuerdan que una sentencia previa ofrecía claridad jurídica. Aquella resolución fortalecía la progresividad de derechos y reforzaba la reparación integral mediante medidas sólidas. Asimismo, las organizaciones indican que la nueva postura rompe esa continuidad. Además señalan que el cambio abre riesgos que debilitan mecanismos de atención. Luego subrayan que la decisión deja sin soporte varias herramientas esenciales para las víctimas.
Asimismo, los pronunciamientos destacan que la reapertura de debates ya definidos afecta la seguridad jurídica. Además, las organizaciones alertan sobre la ignorancia de principios que sostienen la protección de derechos. Sin embargo, las familias mantienen la resistencia para defender su espacio en el proceso público. También cuestionan los efectos que tendrá la decisión en acciones de memoria y verdad. Por ello piden atención inmediata.
Además, colectivos de Sinaloa, Morelos, Estado de México, Jalisco y Guanajuato impulsan un llamado conjunto. Asimismo exigen a la SCJN evitar nuevas medidas regresivas. También solicitan participación real en futuras reformas y transparencia total. Luego piden diálogo directo con el Congreso. Finalmente rechazan cualquier cambio que reduzca presupuestos o diluya responsabilidades del Estado ante la crisis.
Por último, Amnistía Internacional expresa preocupación frente al contexto nacional. Además recuerda el aumento constante de víctimas registradas. También advierte que el país enfrenta una crisis grave que demanda acciones firmes. Asimismo pide reforzar medidas legislativas que garanticen derechos. Finalmente exige compromisos reales del Ejecutivo y Legislativo para asegurar ayuda, asistencia y seguimiento sólidos.
