El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas para agilizar la construcción del muro fronterizo con México, esta vez mediante la exención de leyes ambientales que normalmente rigen este tipo de obras. Las modificaciones permitirán avanzar con rapidez en aproximadamente 58 kilómetros de muro en los estados de Arizona y Nuevo México, sumándose a los trabajos previamente autorizados en California.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, detalló que estas nuevas exenciones se aplicarán en los sectores de Yuma y Tucson (Arizona), así como El Paso (Texas), con el objetivo de cerrar “brechas críticas” en la infraestructura fronteriza.
Estas medidas eximen al DHS del cumplimiento de normativas como la Ley Nacional de Política Ambiental, diseñada para proteger ecosistemas antes de la ejecución de proyectos como carreteras o barreras físicas. Según Noem, estas acciones son “pasos cruciales para asegurar la frontera sur y reforzar nuestro compromiso con la seguridad nacional”.
El poder de emitir este tipo de exenciones proviene de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996, firmada por el entonces presidente Bill Clinton, y ha sido utilizada en diversas administraciones para acelerar obras fronterizas.
Esta nueva fase de construcción ocurre en un contexto de tensiones migratorias renovadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia el pasado enero. Entre febrero y abril de 2025, la Patrulla Fronteriza reportó 23,912 detenciones de migrantes en la frontera sur, cifra que asciende a 53,017 si se suman los encuentros de enero. A pesar de la disminución del 90 % en comparación con el mismo periodo de 2024, el tema migratorio sigue siendo central en la política estadounidense.
Las organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación por las consecuencias ecológicas de este tipo de exenciones, advirtiendo que podrían afectar hábitats sensibles, especies protegidas y reservas naturales a lo largo del corredor fronterizo.
Con esta decisión, la administración estadounidense refuerza su postura de priorizar el control migratorio y la seguridad nacional sobre criterios medioambientales, marcando un nuevo capítulo en la política fronteriza del país.
