En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que garantice condiciones de seguridad a quienes defienden los ecosistemas y el territorio, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que México firmó y que establece obligaciones claras para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Itzel Arteaga, representante de Cemda, señaló que durante 2024 se registraron 236 agresiones contra ambientalistas en México, entre ellas 25 asesinatos. La mayoría de estos ataques —subrayó— estuvieron relacionados con la resistencia a proyectos de desarrollo impuestos sin consulta previa, información clara ni participación comunitaria.
“Creemos que el Acuerdo de Escazú puede marcar un antes y un después para México, pero solo si el gobierno lo toma en serio y lo aplica con responsabilidad”, declaró Arteaga durante el conversatorio “Territorios, resistencias y Escazú – Voces defensoras en el Día internacional del medio ambiente”.
El tratado reconoce derechos clave para quienes defienden la naturaleza, como el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales, la igualdad, la no discriminación, el principio precautorio y la rendición de cuentas. Arteaga enfatizó que crear entornos seguros es una tarea multifactorial que requiere voluntad política y una visión integral por parte del Estado.
La representante de Cemda también propuso que el gobierno utilice información existente y especializada para diseñar planes de protección, seguimiento y evaluación, así como protocolos de coordinación entre instituciones, para evitar duplicidades e ineficiencias.
Uno de los puntos más críticos, mencionó, es la estigmatización desde las propias autoridades, donde los defensores ambientales son etiquetados como «seudoambientalistas» o como enemigos del desarrollo. “Eso tiene que parar. Necesitamos sensibilidad, no desprestigio”, sentenció.
En el mismo foro, Mario Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, compartió que desde 2011 su organización ha recibido medidas de protección por su lucha contra megaproyectos en Oaxaca, pero denunció que el mecanismo de seguridad no ha cumplido plenamente con su función, dejando a comunidades enteras en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, Gabriela Cervantes, del Colectivo Unido por Jardines de la Paz, propuso la creación de un mapa de zonas ambientalmente dañadas y una base de datos de defensores ambientales y de derechos humanos, con el objetivo de facilitar su acceso a la justicia y a medidas de protección.
Finalmente, Carmen Guillén Méndez, del Consejo Vecinal de la colonia 5 de mayo, en Chiapas, denunció que muchas comunidades no son tomadas en cuenta por ninguna instancia de gobierno. “Nos niegan el derecho a la protección sólo por defender nuestras tierras y nuestros recursos naturales”, afirmó.
El llamado de estas voces resuena en un país donde ser defensor del medio ambiente implica un riesgo creciente, pero también una lucha por un futuro más justo, equilibrado y sustentable.
