La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a respaldar la política migratoria de línea dura del presidente Donald Trump, al permitir que agentes federales continúen realizando redadas en el sur de California basadas en factores como raza, idioma o acento. Esta decisión ha desatado una nueva ola de preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades migrantes.
Con una mayoría conservadora de 6-3, el máximo tribunal accedió a la solicitud del Departamento de Justicia para suspender una orden previa de la jueza federal Maame Frimpong, que prohibía temporalmente a los agentes detener a personas sin “sospecha razonable” y con base en criterios discriminatorios. La orden de Frimpong, emitida el pasado 11 de julio, argumentaba que estas prácticas posiblemente violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros e incautaciones irrazonables.
El Departamento de Justicia defendió su estrategia en documentos oficiales, alegando que se utiliza un “perfil razonablemente amplio” en zonas donde, según datos del propio Gobierno, aproximadamente el 10 % de los residentes se encuentra en el país sin documentos.
Las juezas liberales de la Corte expresaron su desacuerdo con la decisión, que permite a agentes federales continuar con operativos migratorios basados en el uso del español, la apariencia física o el lugar de origen percibido de las personas. Las redadas han sido particularmente intensas en ciudades como Los Ángeles, provocando temor generalizado en barrios enteros, además de manifestaciones y denuncias por uso excesivo de la fuerza y tácticas intimidatorias.
Esta medida forma parte de una ofensiva migratoria más amplia impulsada por Trump en su segundo mandato. Desde su reelección en 2024, el presidente ha intensificado su retórica y acciones contra la inmigración, prometiendo deportaciones masivas. En mayo, Stephen Miller —asesor clave y artífice de su agenda antiinmigrante— instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a alcanzar un mínimo de tres mil detenciones diarias.
La decisión más reciente de la Corte también se suma a otras resoluciones que han permitido al Gobierno deportar a personas hacia terceros países, revocar estatus humanitarios y negar audiencias de defensa, lo que ha generado múltiples cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de estas políticas.
A medida que las redadas se intensifican y la tensión crece en las comunidades afectadas, la decisión de la Corte Suprema abre una vez más el debate sobre los límites del poder ejecutivo, los derechos civiles y el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.
