Por Ana Gloria García Jáuregui
A lo largo de la historia, el concepto de justicia social ha sido presentado como un ideal alcanzable, un horizonte al que las sociedades deberían aspirar. Sin embargo, dentro de la realidad de millones de personas, se trata de una construcción utópica, un arquetipo que funciona más como herramienta retórica y política que como una condición efectiva en la vida social. Contrario a la creencia romántica de que las leyes surgieron para mantener una supuesta armonía social preexistente, la evidencia histórica muestra que el derecho apareció como un mecanismo para contener el conflicto y garantizar la supremacía de determinados grupos. Tal como plantean diversas corrientes de la filosofía política, desde el contractualismo crítico hasta el materialismo histórico, el orden jurídico no nació para confirmar una paz natural, sino para administrar las tensiones sociales y evitar que las luchas por el poder se resolvieran mediante la violencia directa.
Una de las primeras leyes escritas, con el propósito de mantener una justicia retributiva e igual, fue el Código de Hammurabi (1750 a.C.). Este sistema de leyes se puede relacionar con la frase: “ojo por ojo, diente por diente», puesto que el delito cometido se castigaba con el daño ocasionado. “Si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo”, “Si rompe un hueso de otro hombre, se le romperá su hueso”, “Si mata al hijo del propietario de la casa, el hijo del constructor será ejecutado”.
Lo anterior podría ser un antecedente de la justicia social, una que promueve el bien para la comunidad. Al paso de los años han aparecido más leyes o sistemas jurídicos que nos han encaminado a la justicia social, como el surgimiento de derechos humanos. Aunque la realidad es otra, la ley ha operado como una tecnología de control social que legitima el statu quo, más que como un instrumento para materializar la justicia social.
En este sentido, se tropieza con un obstáculo fundamental: la desigualdad de los hechos, el derecho solo puede igualar en apariencia, pero no en sustancia, pues cuando las diferencias materiales y de poder entre los individuos o las clases son demasiado profundas, las leyes terminan siendo un velo que encubre la dominación. No se trata ya de un espacio en donde las fuerzas se equilibran mediante reglas justas, sino de un terreno donde los más fuertes imponen su voluntad y la legalidad se convierte en una máscara de la tiranía. La justicia social, entonces, se enfrenta a la paradoja de prometer igualdad en un campo de juego diseñado desde la desigualdad estructural.
De ahí que las constituciones, códigos y declaraciones de derechos, por más elevados que sean sus principios, rara vez trascienden su carácter normativo para transformar las relaciones de poder que los sustentan. La igualdad jurídica puede declararse, pero mientras no exista una correspondencia con la igualdad material y política, permanecerá como un artificio. En otras palabras, la justicia social se convierte en un ideal retórico: necesaria para legitimar a los Estados modernos y para orientar la esperanza de los pueblos, pero incapaz de traducirse plenamente en la práctica mientras subsista la disparidad real entre dominadores y dominados.
Resulta comprensible que la justicia social, entendida como igualdad plena y equitativa en el acceso a recursos y derechos, permanezca como un ideal distante. La utopía, en este caso, no significa una quimera inservible: su valor reside en su capacidad de orientar críticas, inspirar reformas y mantener viva la exigencia de un orden más equitativo. Sin embargo, la historia demuestra que los sistemas legales y políticos han funcionado más como instrumentos de administración del conflicto que como vías efectivas para eliminar las desigualdades estructurales que originan ese conflicto.
La justicia social se menciona en el discurso político operando más como un horizonte normativo que como una realidad. Las leyes, lejos de ser la materialización de ese ideal, han cumplido históricamente la función de regular la lucha social sin alterar de fondo las estructuras de poder. Así, más que un logro alcanzable, la justicia social sigue siendo una utopía. Necesaria como faro, pero inalcanzable en su plenitud dentro de un orden diseñado para administrar, no para disolver, el conflicto.
