Por Ana Gloria García Jáuregui
¿El trabajo infantil es simplemente una consecuencia de la pobreza? ¿O es también un mecanismo social que perpetúa la desigualdad y normaliza la sumisión desde edades tempranas? Para comprenderlo, es necesario mirar más allá de las cifras, aunque estas sean estremecedoras. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años laboran en México, el 13.1 % de la población en ese rango de edad. De ellos, 2.1 millones realizan actividades prohibidas o peligrosas; actividades que ponen en riesgo su salud, seguridad e incluso su vida. Entre estas tareas se encuentran trabajos en la minería, la construcción, la agricultura, y labores domésticas en condiciones inadecuadas. Es decir, niños y adolescentes que deberían estar aprendiendo, jugando y desarrollándose, se enfrentan a jornadas que pueden superar las ocho horas, sin remuneración y sin derechos.
Por ejemplo, en este contexto aparece la educación dual que combina teoría escolar y práctica en empresas, para preparar a los alumnos. Sin embargo, muchos menores trabajan más horas en la empresa que en la escuela, sin sueldo y bajo jornadas prolongadas, beneficiando sobre todo a los empleadores.
No todos los niños laboran en empresas formales. Algunos lavan vidrios en semáforos, venden productos en las calles, o trabajan en casas y talleres familiares. Muchas veces por necesidad económica, por abandono o por la falta de cuidado de sus padres. Datos del SESNSP revelan que entre enero de 2015 y abril de 2024, 2,529 menores fueron víctimas de trata de personas, y 16,593 de corrupción de menores, delitos que incluyen la mendicidad forzada y la participación en actividades delictivas. Entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes estaban en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Concentrándose en entidades como Estado de México, Jalisco y Chiapas.
La pobreza estructural, la desprotección familiar y la desigualdad regional crean un caldo de cultivo para que la infancia se vea obligada a trabajar, muchas veces en condiciones extremas y peligrosas. Legalmente, México ha avanzado: la Ley Federal del Trabajo prohíbe emplear a menores de 15 años. Mientras que los convenios 138 y 182 de la OIT buscan eliminar las peores formas de trabajo infantil. Incluyendo la esclavitud, la trata, la explotación sexual y la participación en actividades delictivas. Sin embargo, la implementación efectiva de estas leyes es desigual, y muchas familias vulnerables siguen viendo en el trabajo infantil una necesidad para sobrevivir. Los hijos primogénitos suelen asumir la responsabilidad de generar ingresos antes de completar su educación, perpetuando un ciclo de pobreza y limitación de oportunidades.
La educación dual, con su discurso de formación profesional, refleja un patrón similar de subordinación. El sistema disfrazado de “beneficio educativo” legitima el aprovechamiento de menores, normaliza largas jornadas y la ausencia de salario. Y oculta la explotación detrás de palabras como “competencias” y “experiencia”. Así, lo que se ofrece como preparación para la vida laboral, en muchos casos, no es más que un trabajo encubierto, donde el aprendizaje real es aprender a obedecer.
Combatir esta situación requiere un enfoque integral: políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, supervisión estricta de programas educativos, protección efectiva de menores, escolarización garantizada y apoyo social a familias vulnerables. La responsabilidad no recae solo en los padres, sino en un Estado que debe intervenir para romper el ciclo de explotación y pobreza.
El trabajo infantil y la explotación no son fenómenos aislados, sino manifestaciones de un sistema que normaliza la desigualdad. La infancia mexicana, con sus derechos vulnerados, paga un precio alto: tiempo, salud y oportunidades. Sin un compromiso social y político real, sin intervención del Estado, y sin una mirada crítica sobre cómo se presentan las oportunidades educativas y laborales, la explotación continuará. Para que los niños puedan crecer, aprender y vivir plenamente. Debemos cuestionar no solo las leyes, sino la cultura y las prácticas que permiten que se les siga exigiendo trabajar antes de tiempo.
